Edición Digital de El Borrador - N°20 - Noviembre de 2000
EVALUACIÓN DEL SADOP
Seccionales Santa Fe y Rosario

Sobre los Decretos Provinciales 2991 y 2992 del año 2000

Las Seccionales Santa Fe y Rosario del SADOP han realizado una presentación ante el Ministerio de Educación de la Provincia, expresando su postura respecto de los decretos firmados por el gobierno provincial en relación a los reemplazos, congelamiento de cargos y horas cátedra y el presentismo.

En esta instancia de diálogo, abierta antes de la firma de los decretos, el SADOP ha presentado su posición respecto de los decretos, por lo que se espera una respuesta del Ministerio de Educación.

Este documento no ha sido publicado en ningún medio de comunicación.


Cuestión preliminar

Pese a que los docentes esperábamos de la nueva gestión definiciones políticas que reconocieran el rol docente en la transformación educativa, y saldaran viejas deudas del Estado provincial, particularmente en lo que hace a la formación y actualización docente, el primer pronunciamiento ha concretado un ajuste, se le llame como se le quiera llamar. Mientras se anuncia, sin mayores explicaciones, la implementación del Polimodal, ciclo lógicamente esperado, pero que importa inseguridad laboral, mayores responsabilidades, desafíos desconocidos y nuevas exigencias, los docentes reciben como compensación estos decretos de flexibilización laboral. Lamentable…!

Decreto Provincial 2991/2000

Obviando los fundamentos expuestos, lo que no quiere decir que los compartamos o justifiquemos, entendemos que la política educativa debe ser una. No pueden congelarse irremediablemente las vacantes del ámbito oficial y permitir que el Servicio Provincial de Enseñanza Privada autorice nuevos cargos en las escuelas privadas.

El art. 1º contiene una expresión (conceptual?) muy poco feliz y nada jurídica con respecto a la responsabilidad de los propietarios y/o representantes legales de las escuelas privadas. SIEMPRE son los primeros y únicos responsables del pago de los salarios y cargas sociales de sus empleados; el art. 13 de la Ley 6427 claramente exime al Estado provincial de las obligaciones contraídas por los empleadores con respecto a sus empleados, por lo que el giro que supuestamente justifica la autorización de nuevos cargos, es más un reconocimiento de una aparente obligación del Estado por la planta docente actual y consecuente eximición de los empleadores, que una nueva carga suplementaria de los propietarios frente a la excepción o privilegio de autorizarles nuevos cargos.

Buen negocio…! Los propietarios asumirán una obligación propia de su condición, por los nuevos cargos, a cambio de que el Estado quede comprometido por toda la planta actual. Tampoco debe olvidarse que la Ley 6427 no subvenciona cargos individualmente, sino que otorga un aporte estatal a los establecimientos educativos, para el pago de los salarios de sus docentes. La incorporación al presupuesto provincial de los cargos docentes autorizados es fruto de esta ley y de la presupuestaria anual, no de una Disposición del SPEP.

Finalmente, debemos advertir, por la experiencia que conocemos de las Escuelas, que los docentes que trabajen en esos nuevos cargos autorizados en función del art. 1 del presente decreto, lo harán gratuitamente o por unos pocos pesos y sin aportes, presionados por la realidad del monstruoso desempleo y por la insolvencia de los propietarios de las escuelas, con posibilidades de que su situación laboral concluya con el ciclo lectivo, porque durante el receso escolar no hace falta.

El art. 5º es una expresión de deseos de cumplimiento imposible y vetusto fundamento en la era de la informática.-

El art. 6º, nobleza obliga merece nuestro reconocimiento. No obstante esto, los rubros que se mencionan para auditar no son suficientes en el ámbito de las escuelas privadas. Los aspectos a tener en cuenta se encuentran mencionados en la ley 6427, fundamentalmente, y en la legislación laboral aplicable. Por otra parte no están previstas las sanciones aplicables para los casos de incumplimiento o ilegalidad y en esto podría argumentarse "nullum crimen, nulla pena sine lege previa"…

El art. 9º desnudará la pobre realidad administrativa del Servicio Provincial de Enseñanza Privada. Debe reverse urgentemente esta situación, teniendo en cuenta que hay muy poco personal de planta en Santa Fe y ningún personal en Rosario.

Una muy dura situación se podrá verificar en los casos de docentes con tareas diferentes definitivas de escuelas privadas, cuyos propietarios pueden argumentar el carecer de trabajo para estos docentes reintegrados, y en tal caso aplicar los arts. 208/212 de la Ley de Contrato de Trabajo, conservándoles el empleo por un año, pero sin goce de haberes, y al cabo de dicho año despedirlos con el 50% de la indemnización.-

Las excepciones del art. 10, que puede autorizar el Ministro de Educación no prevén el informe previo del Servicio Provincial de Enseñanza Privada para los casos de docentes de escuelas privadas, otorgándole competencia sobre éstos a otros organismos del Ministerio y recortando las funciones del SPEP establecidas en la ley 6427.-

El art. 12, que profundiza y amplía el régimen del presentismo justificaría que escribiéramos un libro, por lo que significa a la libertad sindical y porque, en definitiva, sanciona la realización de acciones gremiales como la retención del crédito laboral. No demoraremos nuestra queja ante los organismos laborales internacionales del trabajo, como el Comité de Libertad Sindical de la OIT, y aún de derechos humanos.-

El art. 13 restablece y formaliza una situación más que lógica que, originariamente prevista en una disposición ministerial de la Prof. Ma. Rosa Stanoevich, fuera dejada de lado durante la anterior gestión del Ing. Venesia sin fundamentación alguna.-

La recomendación de convocatoria a concursos, prevista en el art. 14, debió incluir el concurso para cubrir suplencias y vacancias de Supervisores del SPEP. Reiteramos nuestra solicitud en este sentido, como lo hiciéramos en nuestro dialogo con el Ing. Rattaro.-

Decreto Provincial 2992/2000

No expresaremos nuestra opinión con respecto a los fundamentos o considerandos del presente decreto; globalmente diremos que no compartimos el objetivo esencial que persigue, teniendo en cuenta que el Estado provincial se ahorrará en la mayoría de los casos tan sólo el salario de 15 días de trabajo (alrededor de $100.000.-), pero al cortar la cadena salarial del reemplazante le significará un bache económico de, por lo menos, tres meses, ya que las vacaciones no les cobrará antes de abril o mayo (como sucedió hasta ahora) y el reemplazo de febrero lo percibirá también en abril.

Tampoco compartimos esta nueva causal de cesantía para los reemplazantes, la llegada del año nuevo, porque no tiene justificación laboral, la razón económica es despreciable e introduce una modificación del régimen legal por un instrumento carente de juridicidad, contrariando el régimen constitucional y el Estado de Derecho.-

Para los docentes de establecimientos privados es aplicable la permanente y sólida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, particularmente cuando dispuso: "El tiempo de prestación legal y la remuneración, constituyen modalidades esenciales mínimas del contrato de trabajo, las que sólo podrían alterarse en beneficio del trabajador por acuerdo de partes, conforme los artículos 7º y 8º de la Ley de Contrato de Trabajo." ( Autos "Fábrica Argentina de Calderas S.R.L. c/ Provincia de Santa Fe s/inconstitucionalidad" en Revista Derecho del Trabajo 1987 A, pág. 675).

El principio legal que destruye es insostenible jurídica y políticamente, salvo que abracemos la doctrina neoliberal y desconozcamos el sistema constitucional vigente.

No tiene potestad la provincia para legislar sobre las condiciones de trabajo de los docentes privados y, menos aún, para reformar el régimen laboral constitucionalmente aplicable.-

Por esta misma razón tampoco la Provincia puede reconocer u otorgar a los reemplazantes ningún derecho para exigir ser convocados, luego del receso escolar, de persistir la licencia del titular, porque tampoco puede obligar a los empleadores de la enseñanza privada a contratar como reemplazante a aquel que cesó el 31 de diciembre, con el solo argumento de ser el último reemplazante y fundamentado en este decreto inconstitucional. Todo lo cual puede ser diferente y jurídicamente aplicable en el ámbito de las escuelas estatales, dejando también de lado las consideraciones políticas o gremiales que puede argumentar AMSAFE al respecto.-

No abundamos sobre cuestiones menores del decreto, por cuanto nuestra postura se refiere a lo esencial, dejando de lado comentarios sobre aspectos instrumentales.-

Aunque fuera un solo docente el afectado por estas disposiciones nuestra postura sería la misma y no cambia la situación el hecho de que se puedan prever excepciones, porque es la regla lo que rechazamos y las supuestas excepciones que eventualmente se podrían conceder, no validan ni mejoran la profunda inconstitucionalidad que contiene el decreto todo.-


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