· Las de tipo laboral, que relacionan al docente con su empleador.
· Las normas administrativas, que emanan del Ministerio de Educación para el cumplimiento de la tarea docente.
La ley de Enseñanza Privada de la Provincia Nº 6427 establece que los docentes privados tienen los mismos derechos y obligaciones que los docentes oficiales, salvo en lo que hace a su relación laboral. La Ley Federal de Educación contiene una norma similar, reafirmando que los docentes privados tienen mínimamente un salario equivalente al de los docentes oficiales ( lo que significa que pueden tener mayor salario), ratificando así que la docencia privada se relaciona con el empleador por medio de un contrato de tipo laboral.
Por esta confluencia de normas, se pueden encontrar docentes titulares, incorporados o con designación autorizada del Servicio Provincial de Enseñanza Privada, es decir que por el cargo que sólo está autorizado el empleador no recibe aporte o subsidio estatal para el pago del sueldo.
También hay docentes que sus cargos no se encuentran autorizados por el SPEP, pero que también son titulares desde el punto de vista laboral.
En los tres casos, las obligaciones del empleador y los derechos del trabajador son los mismos, la diferencia sólo radica en el reconocimiento que el SPEP otorga a la tarea de ese docente: en un caso llega a subsidiar el pago de su sueldo, en otros los autoriza pero no lo subsidia y puede suceder también que no sepa de dicho docente y su actividad.
Esto significa que la relación laboral no comienza cuando el SPEP autoriza el cargo o autoriza la designación.
Tampoco se debe entender que el empleador está obligado a despedir al docente cuando el SPEP deja sin efecto la autorización del cargo o la de signación; esto tiene tan sólo carácter administrativo y ninguna consecuencia laboral. Si el empleador despide al docente le deberá pagar la indemnización, la misma en todos los casos.
Algunos empleadores argumentan o fundamentan el despido en que el SPEP dejó sin la autorización, y pretenden que el despido sea considerado como producto de un hecho ajeno al mismo empleador.
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Nada más falso que esto. Si el empleador despidiera al docente ante la baja de un cargo o de la reducción de la planta escolar por parte del SPEP, este despido es “sin causa” y lógicamente, ese empleador deberá pagar la indemnización que la ley establece. Los docentes que quedan fuera de la planta escolar, no deben ser despedidos. Si el empleador lo hace, será por su exclusiva voluntad, por lo que deberá afrontar las consecuencias legales y económicas que la ley determina. Si esto no fuera
así, la relación laboral estaría determinada
y regida por la voluntad del Estado, y es precisamente esto lo que
la ley 6427 no quiere, como bien lo expresa en su art. 13: “Las
obligaciones contraidas por los propietarios con su personal o terceros
no responsabiliza ni obliga en modo alguno al Estado.” Trabajadores en negro. Evasión previsional. No puede dejar de mencionarse aquí que entre los llamados docentes “fuera de planta” o “contratados”, existen en los colegios trabajadores en negro, por los que no se hacen aportes, aduciendo que no se percibe subsidio o aporte estatal. Las obligaciones a las cargas sociales que tienen los empleadores, se extienden a todo el personal del establecimiento. El trabajo en negro, con la consecuente falta de pago en los aportes, perjudica no sólo al docente que se encuentra en esa situación, sino a todos los trabajadores, porque la evasión se traduce inexorablemente en mayores descuentos en los salarios y peores jubilaciones. Como se ha reclamado reiteradamente desde el SADOP, la verificación y el control de esta situación, abarcando a la deuda previsional en su totalidad (regularización de |
los trabajadores
en negro y el cumplimiento de los aportes correspondientes), son
medidas que deben aplicarse desde los organismos del Estado provincial
que deben
tomar cartas en el asunto, controlando y sancionando a los incumplidores. a)Blanqueo previsional: inspectores de la AFIP, del Ministerio de Trabajo y de las provincias comenzarán a realizar operativos en todo el país. Cuando se detecten irregularidades (empleados en negro, o en blanco, pero sin realizar aportes a la seguridad social y a la AFIP), se invitará al empleador a “blanquear” la situación de estos trabajadores en un plazo de 30 días. Si no lo hace comenzará el procedimiento habitual que realiza la AFIP para los casos de evasión y se le aplicará directamente una multa. b)Suspensión
de actividades: se prepara un decreto reglamentario de la ley 25.250,
por el que se les permitiría a los inspectores de la AFIP
suspender las tareas ante el supuesto que los agentes detecten trabajadores
en que “cumplan tareas en estado de hacinamiento o se alojen
en ele lugar de trabajo en condiciones precarias e insalubres”,
así como “cuando el empleador no cumpla con las obligaciones
establecidas en la ley de Riesgos de Trabajo.” |
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