El Estado Argentino, mediante el dictado de normas de derecho interno, ha lesionado, restringido e impedido la Libertad Sindical al SADOP en el ejercicio adecuado del Derecho de Huelga y demás medidas de acción sindical, contrariando la Constitución, los convenios 87 y 98 (ratificados por Argentina) y las recomendaciones y normas del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, por lo que la FLATEC, en representación del SADOP ha presentado esta Queja ante la OIT a los efectos de que se llame la atención al Estado Argentino sobre anomalías comprobadas y lo invite a tomar medidas adecuadas para remediarlas, entre éstas disponer dejar sin efecto el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 843/2000 y la Resolución Nº 480/2001 del Ministerio de Trabajo, Empleo, Formación y Recursos Humanos.

Fundamentación de la queja

Decreto Nº 843/00 del PEN y Resolución Nº 480/01 del MTEFRH

En el Decreto 843/00 del PEN, se consideran servicios esenciales en sentido estricto, únicamente las siguientes actividades:
a) Los servicios sanitarios y hospitalarios. b) La producción y distribución de agua potable y energía eléctrica.
c) Los servicios telefónicos.
d) El control de tráfico áereo.
La mencionada norma establece la reglamentación de los conflictos colectivos que dieren lugar a la interrupción total o parcial de los servicios esenciales, en cuanto a la obligatoriedad de garantizar el mantenimiento de servicios mínimos.

Del texto del decreto cuestionado, éste no resulta directamente aplicable a la docencia privada. No obstante ello, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos (MTEFRH), ilegal e injustamente, ha aplicado esta norma en perjuicio de los docentes privados, mediante Resolución Nº 480/01, lo que determina que, el Decreto del PEN resulta manifiestamente contrario a los Principios y Recomendaciones de la OIT, perjudicando la libertad sindical del SADOP.

La Resolución mencionada califica como servicio esencial a la educación en el período de la escolaridad obligatoria último año de la Educación Inicial y la Educación General Básica y encuadra las medidas de fuerza que se pudieren llevar a cabo en dicho ámbito en las normas del Decreto 843/00, estableciendo que los servicios mínimos que deberán mantenerse para el funcionamiento del sistema educativo, deberán garantizar: a)El funcionamiento de los comedores escolares.
b)El dictado de la cantidad de días de clases en el año, determinados por el calendario escolar obligatorio de cada jurisdicción.
c)Mantener abiertas las escuelas, garantizando una guarda mínima, para que los padres puedan dejar a sus hijos en ellas con seguridad.

Transgresión del Estado Argentino de los convenios Nº 87 y 98 de la OIT

El Convenio Nº 87 de la OIT constituye la norma internacional fundamental en referencia a la Libertad Sindical,

estableciendo el derecho de las organizaciones de trabajadores y empleadores de redactar sus estatutos,
organizar su administración y actividades y formular sus programas, debiendo las autoridades públicas abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o entorpecer su ejercicio legal.
También prohibe el dictado de normas como las cuestionadas, al establecer que la legislación nacional no debe menoscabar las garantías previstas en este convenio.
El Convenio Nº 98 de la OIT, refiere a la aplicación de los principios del derecho de sindicalización y negociación colectiva, estableciendo que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.
Cabe también mencionar la Recopilación de la OIT de 1985, la que establece que “toda disposición que confiera a las autoridades de los sindicatos a un nivel inferior al de las actividades y fines perseguidos por los sindicatos de casi todos los países para la promoción y defensa de los intereses de sus miembros, será incompatible con los principios de libertad sindical”.
El proceder del Estado Argentino, al considerar como servicio esencial a la educación de gestión pública y de gestión privada, constituye para SADOP una evidente transgresión y violación de la normativa de la OIT, por cuanto la resolución del Ministerio de Trabajo restringe severamente el legítimo ejercicio del derecho de huelga y demás medidas legítimas de acción sindical, en condiciones tales que implican un manifiesto impedimento del derecho de huelga.
Además, se transgreden las garantías en referencia al empleo (Convenio Nº 98), ya que el decreto y la resolución cuestionados habilitan implícitamente al empleador a sancionar disciplinariamente al docente que participe en las medidas de fuerza .
La educación privada no es técnicamente un servicio esencial conforme la normativa del Comité de Libertad Sindical de la OIT.
Este Comité expresamente ha considerado que la educación no constituye un servicio esencial. Esta normativa internacional obligatoria determina la manifiesta contradicción de la resolución y decreto objetados con los Principios de la OIT. En la publicación “La libertad Sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT”, se transcribe la principal normativa internacional en la materia:

Servicios esenciales

-Para determinar los casos en los que podría prohibirse la huelga, el criterio determinante es la existencia de una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población.
-No parece apropiado que todas las empresas del Estado sean tratadas sobre la misma base en cuanto a las restricciones al derecho de huelga, sin distinguir en la legislación pertinente entre aquellas que son auténticamente esenciales y las que no lo son.
-Pueden ser considerados como servicios esenciales:
.el sector hospitalario
. los servicios de abastecimiento de agua
. los servicios de electricidad.
. los servicios telefónicos
. el control del tráfico aéreo.
-No constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del término:…el sector de la educación. (Recopilación de 1985).
Resulta indubitable que en el marco de la normativa internacional obligatoria para el Derecho Sindical Argentino, la educación de gestión privada nunca podría ser considerada servicio esencial, ya que las medidas legítimas de acción directa y en particular la huelga que pudiera llevar adelante el SADOP, no pondría nunca en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población.

El SADOP ha hecho en todo tiempo un ejercicio absolutamente regular del derecho de huelga y demás medidas de acción directa desde hace varios años y nunca ha perjudicado el proceso de enseñanza-aprendizaje por el ejercicio regular de su accionar sindical, lo que demuestra la absoluta desmesura y carencia de fundamento de la resolución cuestionada.
En verdad, el Estado Argentino, con la excusa de pretender tutelar el derecho de aprender, ha lesionado la Libertad sindical de todos los docentes privados del país, en su afán de impedir y obstaculizar el accionar de los gremios docentes. Esta normativa también resulta irrazonable respecto de la docencia estatal, representada por asociaciones sindicales hermanas.
La Resolución del Ministerio de Trabajo establece ilegales y arbitrarios servicios mínimos, que contrarían la normativa de la OIT y del propio Decreto Nº 843/00, que implican lisa y llanamente que todos los docentes deban estar frente al aula, transgrediendo el tope del 50% de la actividad que el mismo decreto establece.
En referencia a “mantener abiertas las escuelas, garantizando una guarda mínima, para que los padres puedan dejar a sus hijos en ellas con seguridad”, la conclusión no puede ser otra que considerar que la norma ha transgredido el Derecho interno Argentino, que determina que la responsabilidad por el cuidado y el bienestar de los alumnos es del propietario del establecimiento educativo de gestión privada y no del docente privado.
Claramente, no es obligación del docente el cuidado o guarda de los menores, sino del propietario del establecimiento educativo privado, como así tampoco es una función propia del personal docente privado garantizar el funcionamiento de los comedores escolares, ya que no es una tarea docente.

ANTE EL RECLAMO DEL SADOP, LA JUSTICIA DEL TRABAJO RECHAZÓ LAS LIMITACIONES AL DERECHO DE HUELGA DE LOS DOCENTES

El Juzgado Nacional del Trabajo Nº 69, a cargo del Dr. Raúl Fernández hizo lugar el día 13 de setiembre a una acción de amparo presentada por el SADOP y ordenó a la Ministra de Trabajo Patricia Bullrich que se abstenga de ejecutar el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 843/2000, que reglamentó el derecho de huelga para los servicios esenciales y la Resolución Nº 480/2001 que pretendía, en forma arbitraria, cercenar las medidas de fuerza en el sector de la educación. El SADOP presentó ante el mencionado Juzgado una medida cautelar innovativa que ordene al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos se abstenga de ejecutar a su respecto y al de todos los trabajadores de la educación privada que representa, las normas mencionadas en el párrafo anterior.
La justicia del trabajo resolvió, mediante sentencia interlocutoria Nº 370, dar curso a la acción de amparo instaurada por el SADOP e hizo lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando en consecuencia al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos que se abstenga de ejecutar respecto al SADOP y a todos los trabajadores de la educación privada el Decreto del PEN Nº 843/2000 y Resolución del MTEFRH.