Edición Digital de El Borrador - Agosto 2003 - Año 6 - N° 41
 
"El Sumario"

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INFORMACIÓN GENERAL
EL SUMARIO

Un tema que siempre genera preocupación entre los trabajadores de la educación, es el referido al «sumario» que, internamente, muchos de nuestros patrones esgrimen amenazadoramente ante cualquier «falta» cometida por los docentes. A esto se le agregan las diversas notificaciones, informes, etc. que quedan «como una mancha en el legajo».

La Ley de Contrato de Trabajo (Nº 20744) es el marco normativo de todas las relaciones laborales, incluyendo, por supuesto, la de los docentes particulares. Específicamente, el Estatuto para el Personal de los Establecimientos de Enseñanza Privada (Ley Nº 13047) regula cuestiones referentes a nuestra actividad.

En nuestra provincia, también se encuentra vigente la Ley Nº 6427 que complementa y adecua las normas nacionales.

Debemos destacar que la Ley Nº 20744, en el Capítulo IV, y en sus artículos 242 y 245 regula la extinción unilateral del contrato de trabajo con justa causa y sin causa.

Por su parte, en el artículo 13 de la Ley Nº 13047 se deja bien en claro que: «El personal sólo podrá ser removido sin derecho a previo aviso ni indemnización, por causas de inconducta, mal desempeño de sus deberes o incapacidad física o mental, previa substanciación del correspondiente sumario por autoridad oficial competente, en el que se garantizará la inviolabilidad de la defensa».

Complementando esto, la Ley Provincial Nº 6427,, en su artículo 28, dispone que: «El personal escolar, sólo podrá ser removido sin derecho a previo aviso o indemnización, por causa de inconducta y mal desempeño de sus deberes, comprobada mediante proceso sumario. La instrucción del sumario de referencia deberá estar a cargo de un funcionario que designará el Servicio Provincial de Enseñanza Privada».

El artículo trascripto en el párrafo anterior se encuentra reglamentado por el Decreto Nº 11/75 que, con toda claridad expresa en su artículo 2º: «El sumario será instruido por el Asesor Jurídico del Servicio Provincial de Enseñanza Privada o por el funcionario que el Director del Organismo designe; el Servicio podrá disponer previamente de una investigación sumaria, tendiente a verificar la procedencia del pedido.

Relacionado con el sumario, el art. 32 de la Ley 6427, nos marca que: «El Tribunal Disciplinario será el organismo encargado de expedirse en los casos previstos en el artículo 28º y de toda otra cuestión relacionada con las obligaciones y derechos del personal establecido en la presente ley.

La conformación del Tribunal Disciplinario deberá ajustarse a lo que norma el art. 33 de la Ley Nº 6427 y sus integrantes serán «un representante del Ministerio de Educación y Cultura, uno del Magisterio y uno de la parte patronal…».

El Representante Legal solamente puede instar la iniciación del sumario, es decir, puede pedir que se le inicie sumario a un trabajador de su establecimiento. Debe, obligatoriamente, acompañar prueba destinada a comprobar fehacientemente «la inconducta o el mal desempeño» del docente.

Lo antedicho encuentra sustento en el Artículo 1º del Decreto 11/75, pues allí surge que: «…el Representante Legal del establecimiento solicitará, indefectiblemente, al Servicio Provincial de Enseñanza Privada, la realización del correspondiente sumario, ofreciendo, en cada caso, las pruebas pertinentes».

Si el Representante Legal despide a un trabajador sin la sustanciación formal del sumario previo, será pasible de la sanción que establece el Art. 4º del Decreto 11/75 y que consiste en la «…pérdida del aporte estatal hasta un término no mayor de dieciocho (18) meses, para el cargo que ocupaba el docente separado».

Si bien los informes internos no tienen entidad de sumario, sí constituyen antecedente para un posible y posterior apercibimiento. Es de destacar que esta última figura sólo puede ser realizada por el Representante Legal, nunca por un directivo.

Es conveniente la contestación a estas notificaciones internas realizando el descargo correspondiente, ya que pueden dar lugar a apercibimientos que, a su vez, pueden generar suspensiones que, acumuladas, podrían ser causal de despido. Además, en el caso de un sumario, los descargos realizados constituyen un importante medio de prueba que permite ejercer debidamente el derecho de defensa.

Reiteramos que la «inconducta y mal desempeño de sus deberes» que plantea el artículo 28 de la Ley Nº 6427 debe ser «comprobada mediante proceso sumarial». Esta procedimiento no está específicamente regulado para nuestra actividad; rigen, supletoriamente, las normas del Estatuto General de la Administración Pública Ley Nº 8525.

Se debe entender por sumario el procedimiento preparatorio que tiene por objeto reunir los elementos indispensables para dilucidar si se puede o no acusar a una o más personas determinadas como responsables de una o más faltas, en nuestro caso, inconducta o mal desempeño de las deberes.

La Ley Nº 8525 en su artículo 63 dice que el sumario tiene por objeto: comprobar la existencia de los hechos que den lugar a sanción disciplinaria; individualizar a los responsables; establecer las circunstancias agravantes o atenuantes de responsabilidad y comprobar la extensión del daño y el perjuicio que haya sufrido la administración. (En nuestro caso, el establecimiento escolar)

Por todo lo expuesto podemos concluir que intentar presentar como «sumario» una simple notificación o informe interno no tiene ningún asidero legal, puesto que sólo puede ser realizado con la forma


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