Esa norma fue reglamentada por el decreto 1371 del 31 de julio de 2002, publicado en el Boletín Oficial del 1º de agosto de 2002, y su art. 8 estableció "Facúltase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como autoridad de aplicación y a través de la SECRETARÍA DE TRABAJO a dictar las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto". En ejercicio de las competencias atribuidas por el decreto 1371/2002, la Secretaría de Trabajo dictó la Resolución 175/2002, del 25 de septiembre de 2002, mediante la cual dispuso que los trabajadores docentes privados se encuentran alcanzados por la asignación establecida por el decreto 1273/2002 (ver copia certificada de fs. 106/108). De modo que la Resolución 1884/2002, gestada en el ámbito de la propia Administración, desde un órgano que no fue designado por el PEN como Autoridad de Aplicación y en las antípodas de lo resuelto por el órgano competente, la Secretaría de Trabajo (Resolución 175/02), con una antelación temporal de cuatro días hábiles, provoca al menos cierta perplejidad, máxime si se tiene en cuenta que concierne a una materia vinculada a derechos de naturaleza alimentaria.

La mentada competencia permite "prima facie" considerar al acto impugnado como afectado de nulidad absoluta e insanable, a la luz de lo establecido por el Art. 14 de la Ley Nacional Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos en tanto fulmina con dicha sanción, en el inciso b), al acto administrativo "cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia".

Como se señala en doctrina, tanto la incompetencia material como la territorial del órgano genera la nulidad desde su raíz que no puede convalidarse ni por ratificación ni por prescripción (Conf. Bielsa, Rafael, "Derecho administrativo, 6º edición, Bs. As., 1964, tº II, Pág. 149/150. Ver también Alterini, Jorge H., Corna Pablo M, Angelani, Elsa B. y Vázquez, Gabriela A., Teoría general de la Ineficacias, Bs. As., 2000, Pág 27 y Sigs.) De este modo, la ilegalidad manifiesta que liminarmente presenta el acto cuestionado, habilita la vía abreviada del amparo. Por cierto que tampoco podría pensarse en una facultad emanada de la Ley 13.047 no sólo porque una norma específica ha asignado la función a otro organismo -el decreto 1371/02 la ha atribuido a la Secretaría de Trabajo-, sino porque no surge expresa del Art. 31 de ese cuerpo normativo.

En efecto, como se ha puntualizado: "En el derecho público la competencia está limitada positivamente, al paso que en el derecho privado la capacidad… está limitada negativamente. Es decir, que la validez del acto en punto a la aptitud legal del agente del cual el acto emana, se rige diversamente en una y otra esfera…

Mientras en el derecho privado la capacidad del sujeto faculta a éste para hacer todo lo que no está prohibido, en el derecho público la competencia sólo faculta al agente u órgano administrativo para hacer lo que le está atribuido, ya de acuerdo con normas precisas (facultad reglada), ya atendiendo al fin en vista del cual debe obrar el agente u órgano administrativo (límite de facultad discrecional)" (Bielsa, op.cit.Pág.142)
5)Que el Sindicato requirente manifiesta que el adicional de emergencia de que se trata, fue posteriormente prorrogado y aumentado en su valor por los decretos de necesidad y urgencia números 2641/2002, 905/2003 y 392/2003, circunstancias sobrevinientes, mas referidas al mismo derecho subjetivo lesionado, por lo que los maestros privados accionantes se encuentran habilitados a percibir tales adicionales, hoy remunerativos y permanentes.

Asiste razón a la presentante, conforme resolviera la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "fallos" 315:123, por lo que los respectivos incrementos se ha incorporado a su patrimonio encontrándose legitimados en su reclamo. Hoy de doscientos veinticuatro pesos de acuerdo dispone el Dto. 392/2003.

6)Que en cuanto al denunciado conflicto interorgánico, sin perjuicio de no ser tal de acuerdo surge del considerando 4) de la presente, el art. 8º del Dto. 2641 despeja cualquier duda sobre el particular:

"Establécese que serán de aplicación directa, en lo que resultare pertinente, a los efectos de la interpretación del presente Decreto, lo establecido oportunamente por el Decreto 1371/02, reglamentario del Decreto Nº 1273/02 y las normas complementarias y aclaratorias dictadas por la SECRETARÍA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en su carácter de autoridad de aplicación"(B.O. 20 de diciembre de 2002).
Que, por lo demás, se encuentra fuera de toda discusión que los docentes privados se encuentran negociando un convenio colectivo de trabajo conforme las previsiones de la ley 14.250 por Expediente Nº 1.022.153/99. Así surge de la propia Resolución Nº 175/02 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (ver fs. 399/401).
Por tales consideraciones

FALLO:
Declarando inconstitucional e insanablemente nula la Resolución Nº 1884/02 del Consejo Gremial de Enseñanza Privada y por ende vigentes los decretos 1273/02, 1371/02, 2641/02, 905/2003 y 392/03, para los trabajadores amparistas. Costas al Estado Nacional-Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (así legitimado a fs. 297/304). Regulo los honorarios de las representaciones letradas de actora y demandada en mil y quinientos pesos respectivamente. Cópiese, regístrese y notifíquese.