Edición Digital de El Borrador - Diciembre 2003 - Año 6 - N° 43
 
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SENTENCIA DEFINITIVA Nº 2051

Esta sentencia que transcribimos es un fallo judicial definitivo y ejemplar que reafirma el derecho de todos los docentes privados del país al cobro de los $100, $130, $ 150 y $ 224, hoy remunerativos y permanentes.


Poder Judicial de la Nación

SENTENCIA DEFINITIVA Nº 2051
Buenos Aires, 7 de NOVIEMBRE de 2003.-

AUTOS "Sindicato Argentino de Docentes Particulares S.A.Do.P. c// Poder Ejecutivo
Nacional Ministerio de Educación de la Nación Consejo Gremial de Enseñanza
Privada s/ acción de amparo".

VISTOS Y CONSIDERANDO:
1)Que a fs.6/62 se presenta la organización gremial en representación de los intereses colectivos de todo el personal docente de los establecimientos comprendidos en el art. 2º de la ley 13.047 y promueve acción de amparo de acuerdo establecen los arts. 1º y 2º de la ley 16.986, en el marco del art. 43 de la Constitución Nacional, para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la Resolución nº 1884/2002 del Consejo Gremial de Enseñamza Privada, en tanto priva a aquéllos del derecho subjetivo de percibir la signación no remunerativa de $100.-establecida por el Dto. 1273/02 del Poder Ejecutivo Nacional.
Sostiene que la resolución impugnada adolece de vicios de inconstitucionalidad, nulidad y arbitrariedad manifiesta, en tanto ha sido dictada por un órgano incompetente, con fundamentos aparentes, inexistentes y falsos, por los que incurre en notoria discriminación, violando las arts. 14bis, 17 y 18 de la constitución Nacional.
En el orden indicado puntualiza que el Consejo exhorbitó sus facultades regladas al interpretar inaplicable las disposiciones del Dto. 1273 al personal que representa afectando su derecho a una retribución digna e igualitaria con el restante universo del trabajo, violando lo dispuesto por el Dto. 1.371/02 que atribuye las facultades reglamentarias al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el que en ejercicio de tales facultades dictó la Resolución 175/02 que establece que los trabajadores docentes privados se encuentran comprendidos dentro de las previsiones del Dto. 1273/02 (art. 2º).
Situación por demás sujestiva desde que la ley 24.049 convierte la competencia del consejo Gremial en restringida, residual y casi inexistente, toda vez que sus facultades fueron transferidas a las Provincias.
Por lo demás señala que se ha incurrido en error al estimar que la ley 24.195, que equipara los salarios del sector privado con el estatal, significa un límite, cuando en rigor indica un límite (o piso) mínimo en tal concepto.
2)Que soslayando las vicisitudes de la medida cautelar decretada en autos a fs.232/233 y confirmada a fs.312 del incidente de apelación que corre por cuerda, dictado por la sala VI de la Excma. Cámara del Fuero, a fs. 297/304, el Ministerio de educación, Ciencia y Tecnología plantea la inexistencia de un conflicto interorgánico y produce el informe que prevee el art. 8º de la ley 16.986. Sobre este particular, sugiere la existencia de un conflicto que debe dirimir el Jefe de la Administración Pública, desde que estima que la Resolución 175/02 de la Secretaría de Trabajo ha sido dictada excediendo la competencia de dicho Organismo, en tanto es el Consejo Gremial el que debe entender en el asunto en virtud de lo dispuesto por la ley 13.047, señalando además la ausencia de ilegitimidad manifiesta en el dictado de la resolución atacada dictada en las condiciones establecidas por el art. 7º de la ley 19.549.
3)Que antes de formular cualquier consideración debo señalar que el Ministerio presentante ha obstaculizado el desarrollo de esta acción, limitando esencialmente su contestación principal (informe de fs.297/304) a señalar que la resolución de que se trata no adolece de vicios de ilegalidad o ilegitimidad manifiesta y que la cuestión que se debate excede el marco del amparo mereciendo un debate amplio que exige el debate de situaciones que hacen a la competencia de los organismos, el dictado de resoluciones, cuestiones de relaciones interorgánicas y análisis de la normativa específica.
4)Que, por cierto el Poder ejecutivo a lo largo de este proceso, ha ignorado el dictamen fiscal de fs. 229/230, auténtico ejemplo de concisión y claridad y que anticipa los términos de esta sentencia. Sostiene la Sra. fiscal que "la ilegalidad del acto aparece manifiesta.

Así, es claro que el consejo Gremial de enseñanza Privada no es el órgano competente o legitimado para emitir una resolución como la impugnada, esto es la Nº 1884/2002, publicada en el Boletín Oficial del 15 de octubre de 2002, Pág.1. En efecto el decreto de necesidad y urgencia Nº 1273/2002 del 17 de julio de 2002, publicado en el Boletín Oficial del 18 de julio de 2002, dispuso en su Art. 1º "Fíjase, a partir del 1 de julio de 2002, una remuneración no remunerativa de carácter alimentario de PESOS CIEN ($100) mensuales que será percibida por todos los trabajadores del sector privado que se encuentren comprendidos en los convenios colectivos de trabajo, hasta el 31 de diciembre de 2002".

Esa norma fue reglamentada por el decreto 1371 del 31 de julio de 2002, publicado en el Boletín Oficial del 1º de agosto de 2002, y su art. 8 estableció "Facúltase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como autoridad de aplicación y a través de la SECRETARÍA DE TRABAJO a dictar las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto". En ejercicio de las competencias atribuidas por el decreto 1371/2002, la Secretaría de Trabajo dictó la Resolución 175/2002, del 25 de septiembre de 2002, mediante la cual dispuso que los trabajadores docentes privados se encuentran alcanzados por la asignación establecida por el decreto 1273/2002 (ver copia certificada de fs. 106/108). De modo que la Resolución 1884/2002, gestada en el ámbito de la propia Administración, desde un órgano que no fue designado por el PEN como Autoridad de Aplicación y en las antípodas de lo resuelto por el órgano competente, la Secretaría de Trabajo (Resolución 175/02), con una antelación temporal de cuatro días hábiles, provoca al menos cierta perplejidad, máxime si se tiene en cuenta que concierne a una materia vinculada a derechos de naturaleza alimentaria.

La mentada competencia permite "prima facie" considerar al acto impugnado como afectado de nulidad absoluta e insanable, a la luz de lo establecido por el Art. 14 de la Ley Nacional Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos en tanto fulmina con dicha sanción, en el inciso b), al acto administrativo "cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia".

Como se señala en doctrina, tanto la incompetencia material como la territorial del órgano genera la nulidad desde su raíz que no puede convalidarse ni por ratificación ni por prescripción (Conf. Bielsa, Rafael, "Derecho administrativo, 6º edición, Bs. As., 1964, tº II, Pág. 149/150. Ver también Alterini, Jorge H., Corna Pablo M, Angelani, Elsa B. y Vázquez, Gabriela A., Teoría general de la Ineficacias, Bs. As., 2000, Pág 27 y Sigs.) De este modo, la ilegalidad manifiesta que liminarmente presenta el acto cuestionado, habilita la vía abreviada del amparo. Por cierto que tampoco podría pensarse en una facultad emanada de la Ley 13.047 no sólo porque una norma específica ha asignado la función a otro organismo -el decreto 1371/02 la ha atribuido a la Secretaría de Trabajo-, sino porque no surge expresa del Art. 31 de ese cuerpo normativo.

En efecto, como se ha puntualizado: "En el derecho público la competencia está limitada positivamente, al paso que en el derecho privado la capacidad… está limitada negativamente. Es decir, que la validez del acto en punto a la aptitud legal del agente del cual el acto emana, se rige diversamente en una y otra esfera…

Mientras en el derecho privado la capacidad del sujeto faculta a éste para hacer todo lo que no está prohibido, en el derecho público la competencia sólo faculta al agente u órgano administrativo para hacer lo que le está atribuido, ya de acuerdo con normas precisas (facultad reglada), ya atendiendo al fin en vista del cual debe obrar el agente u órgano administrativo (límite de facultad discrecional)" (Bielsa, op.cit.Pág.142)
5)Que el Sindicato requirente manifiesta que el adicional de emergencia de que se trata, fue posteriormente prorrogado y aumentado en su valor por los decretos de necesidad y urgencia números 2641/2002, 905/2003 y 392/2003, circunstancias sobrevinientes, mas referidas al mismo derecho subjetivo lesionado, por lo que los maestros privados accionantes se encuentran habilitados a percibir tales adicionales, hoy remunerativos y permanentes.

Asiste razón a la presentante, conforme resolviera la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "fallos" 315:123, por lo que los respectivos incrementos se ha incorporado a su patrimonio encontrándose legitimados en su reclamo. Hoy de doscientos veinticuatro pesos de acuerdo dispone el Dto. 392/2003.

6)Que en cuanto al denunciado conflicto interorgánico, sin perjuicio de no ser tal de acuerdo surge del considerando 4) de la presente, el art. 8º del Dto. 2641 despeja cualquier duda sobre el particular:

"Establécese que serán de aplicación directa, en lo que resultare pertinente, a los efectos de la interpretación del presente Decreto, lo establecido oportunamente por el Decreto 1371/02, reglamentario del Decreto Nº 1273/02 y las normas complementarias y aclaratorias dictadas por la SECRETARÍA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en su carácter de autoridad de aplicación"(B.O. 20 de diciembre de 2002).
Que, por lo demás, se encuentra fuera de toda discusión que los docentes privados se encuentran negociando un convenio colectivo de trabajo conforme las previsiones de la ley 14.250 por Expediente Nº 1.022.153/99. Así surge de la propia Resolución Nº 175/02 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (ver fs. 399/401).
Por tales consideraciones

FALLO:
Declarando inconstitucional e insanablemente nula la Resolución Nº 1884/02 del Consejo Gremial de Enseñanza Privada y por ende vigentes los decretos 1273/02, 1371/02, 2641/02, 905/2003 y 392/03, para los trabajadores amparistas. Costas al Estado Nacional-Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (así legitimado a fs. 297/304). Regulo los honorarios de las representaciones letradas de actora y demandada en mil y quinientos pesos respectivamente. Cópiese, regístrese y notifíquese.



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