Index Site

Si es obligatoria
¿es conciliación?

Como es de público conocimiento el gobierno provincial, incapaz de resolver el conflicto educativo, optó por cortarlo a la fuerza.
A tal fin, dictó conciliación obligatoria tanto para SADOP como para los docentes oficiales.
Este mecanismo –previsto en la Constitución- implica una suspensión del conflicto por parte del Estado para obligar a partes enfrentadas a sentarse a negociar.
En este caso la vía de negociación no estaba cerrada, sólo que nuestros empleadores y el Ministerio no querían negociar. En todo caso la obligación de negociar debía imponérseles a ellos.
Las dudas jurídicas que surgieron al respecto tenían que ver con que el mismo Estado que impone la conciliación es parte del conflicto.
Si una empresa privada tiene problemas con sus empleados no puede forzarlos a suspender las medidas de fuerza. Pero el Estado ¿puede con sus trabajadores?
Entendemos que sí, pese a que el caso presente un cierto tufillo de «juez y parte».
La Constitución no diferencia entre patronales públicas y privadas y por ende ambos supuestos son válidos, como dice el adagio latino «ubi lex non distinguit...»
El otro problema que se planteó es ¿el gremio puede optar por acatar o no acatar la conciliación obligatoria?
Contestemos con una pregunta gráfica: Cuando un ladrón me pide la billetera apuntándome con un arma ¿puedo optar por dársela o no dársela?
Siempre puedo optar, el problema son las consecuencias.
Si no se acata la conciliación, la huelga se convierte en ilegal, a los trabajadores se le descuentan automáticamente los días y todos los conceptos que de la asistencia dependen. Y además el gremio puede ser sancionado con la pérdida de su personería gremial, desaparecer.
Por ello, decir «vamos a ver si acatamos o no» es sólo un juego retórico. La conducta más responsable y jurídicamente

correcta fue la del SADOP: acatar inmediatamente y sentarse a negociar.
La pregunta que queda pendiente es: ¿qué ocurre si no se llega a nada con esta conciliación?
Dos consecuencias básicas: 1) los gremios quedan liberados y pueden hacer las medidas de fuerza que crean convenientes y serán perfectamente válidas; 2) el Gobierno no puede dictar otra conciliación obligatoria ni prorrogar la primera.
Lo malo no es negociar, lo malo es que quienes no querían sentarse a conversar lo hagan sólo como una imposición. A quienes nos gobiernan les parece que sentarse a negociar de igual a igual, de patrón a obrero, va en desmedro de su autoridad. Que sólo pueden sentarse si nos obligan a ello.
Nosotros nos sentamos igual, porque queremos que nuestros alumnos se sienten en las aulas, porque queremos que los gobernantes se sienten en sus sillones y hagan lo que deben hacer.
Pero nos sentamos a negociar: no a recibir silencio. Ya saben lo que queremos. Acá estamos ¿qué proponen???

Domingo Rondina
Asesor Legal del SADOP
estudio@rondina.com.ar