La
Nación Argentina adopta para su gobierno la forma
representativa, republicana y federal, dice nuestra Constitución
Nacional entre sus primeras normas.
La
forma representativa no es otra cosa que la democracia indirecta
o representativa, en la que «el pueblo no delibera
ni gobierna, sino por intermedio de sus representantes»,
como luego agrega nuestra carta magna.
Por
reiterados motivos que todos podríamos enumerar,
el Estado, el gobierno y sus integrantes o nuestros representantes,
han sufrido un constante deterioro en su credibilidad y
han perdido sistemáticamente la autoridad y consenso
que le otorga la letra formal de nuestra norma constitucional.
Este
deterioro, en otros tiempos, fue razón suficiente
para que se organizaran «cuartelazos» o golpes
de estado que, lejos de reparar los consensos, profundizaron
con su acción y gestión la desconfianza del
pueblo hacia todo el sistema representativo, el del estado
y el de las organizaciones que conforman el tejido social
de la Nación.
La
permanente sospecha sobre todo gobernante o dirigente trajo
aparejado conductas en ambos sectores. La transparencia
y la honestidad pasaron a ser leguaje habitual de los discursos
de gobierno.
Los
representados, por su parte, encararon a través de
líderes informales y espontáneos, el permanente
control de los gobernantes o dirigentes, en un ejercicio
extremo de la iniciativa popular y de la publicidad de los
actos de gobierno.
«Que
se vayan todos…» cantaban como villancicos en
las asambleas populares del 2001…, y en realidad se
fueron pocos…
El
poder político reencauzó su expresión,
aunque muchos de los líderes espontáneos le
sintieron el gustito al maldito poder de representar y,
a pesar del restañamiento del sistema político,
siguieron alentando mayores controles y otras formas de
gobierno social.
Se
pusieron de moda las asambleas de compañeros, como
una forma sustitutiva o alternativa de resolver los conflictos
sociales, políticos y hasta los sindicales.
