Después de ocho días de negociaciones, los gobernadores del Partido Justicialista, a excepción del mandatario santacruceño Néstor Kirchner, firmaron el Pacto Fiscal para los próximos cinco años. Esta era una de las condiciones impuestas por los organismos internacionales para otorgar un "blindaje" financiero de alrededor de 20 millones ( ver aparte). Las negociaciones se realizaron en el Consejo Federal de Inversiones, un organismo creado en agosto de 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi, de investigación, coordinación y asesoramiento técnico que, con aportes de sus miembros (las provincias y la ciudad de Buenos Aires) encara y ejecuta estudios de proyectos de desarrollo económico y social. Decide también las prioridades para las inversiones en las distintas regiones del interior y en las provincias. Este acuerdo, llamado "Compromiso Federal por el crecimiento y la disciplina fiscal", dispone en sus puntos principales: Congelamiento del gasto: las provincias se comprometen al congelamiento de sus gastos primarios hasta el 2005, con la cláusula agregada (ver aparte) que permite realizar modificaciones "ante situaciones graves". Esto no incluye los gastos que origine el otorgamiento de créditos provenientes de organismos internacionales como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo ) o el Banco Mundial. Coparticipación: se garantiza a las provincias para el 2001 y 2002 una suma fija mensual por coparticipación federal de 1.364 millones de pesos. En el 2003, 2004 y 2005 los montos serán el promedio de lo recaudado coparticipable en los 3 años anteriores a cada uno, garantizando la Nación un piso mínimo mensual que alcanzará a: . 1400 millones en el 2003 . 1440 millones en el 2004 . 1480 millones en el 2005 . Registro de beneficiarios: las provincias se comprometen a unificar sus registros de beneficiarios de programas sociales con los nacionales y municipales, y a respetar criterios objetivos, para la asignación de recursos. La Nación tendrá a su cargo el control y la auditoría. Fondos sociales: la Nación transferirá a las provincias en el 2001, un fondo de 225 millones para programas de empleo (el 80%) y de desarrollo social (el 20%). Para los años posteriores, las provincias tendrán la administración del 30% de lo previsto en el 2001 para los programas de empleo transitorio o equivalentes con que cuenta el Ministerio de Trabajo y de los programas alimentarios manejados por el Ministerio de Desarrollo Social. Liquidación de deudas: Las Nación les pagará a las provincias el 50% de las deudas del año pasado por la garantía del FONAVI, en dos cuotas: una antes del 30 de abril del 2001 y la otra antes del 31 de agosto del mismo año.

La cláusula agregada La cláusula que ha destrabado la negociación dice textualmente: "Ante una situación grave que implique una interrupción de los servicios de educación o salud o alteraciones excepcionales en la seguridad pública y ante la imposibilidad de reducir otros gastos en el corto plazo, la provincia afectada podrá solicitar autorización al Ministerio de Economía de la Nación para la modificación temporaria del gasto respectivo. En ningún caso el acuerdo que se logre podrá modificar el compromiso respecto de la magnitud del desequilibrio fiscal acordado para cada año con la provincia correspondiente, al igual que el mantenimiento en el mediano plazo del gasto primario y el equilibrio fiscal en el 2005."